Cuando parecía que la investidura estaba a la vuelta de la esquina, la justicia europea ha recolocado las fichas sobre el tablero: el TJUE ha avalado la inmunidad de Oriol Junqueras y sembrado de perplejidad e histeria nuestra esfera pública. Aunque los análisis urgentes, eufóricos o catastrofistas, desbordan las redacciones, las consecuencias del fallo son todavía inciertas. Lo prudente es permitir que los órganos competentes convengan en cómo encauzar la situación respetando tanto los derechos de los encausados como las sentencias de los tribunales españoles. Lo que sí permite un análisis algo más precoz son los efectos emocionales que el suceso está provocando. No es fácil analizar las emociones públicas, pero uno tiene la triste sensación de que nos quedan cada vez menos consensos y se aproxima el fin de la partida.
La Unión Europea era el buque insignia de nuestra armada democrática. Muchos seguimos deseando que así sea, pero no podemos obviar que esa mezcla de inoperancia y deslealtad que han mostrado nuestros socios ante la comisión de un grave delito contra nuestra democracia ha despertado la rabia y el escepticismo. Si todo lo demás estuviera en su sitio, dudo que el asunto tuviera mayor recorrido. Pero la actual atmósfera política es amargamente idónea para socavar nuestros consensos.
El escepticismo es comprensible. Cómo explicar que un ciudadano que está siendo juzgado por un delito grave pueda entrar en una lista electoral con el único fin de torpedear el proceso judicial en que está inmerso. Porque el caso de Junqueras no es de un parlamentario europeo al quien reclaman los tribunales, sino el de un preso preventivo incorporado a una candidatura europea únicamente para eludiros. Su caso traiciona el espíritu mismo de la norma. Además, el mensaje que se envía adolece de un siniestro cariz plebiscitario: el apoyo de las masas bastan para ser amnistiado de un delito. Ante estas circunstancias, es esperable que se resienta el respeto por las instituciones europeas, e incluso por la Ley. Y esto es peligroso, pues el respeto a la ley es un dique de contención emocional. Perder el respeto a las instituciones tiene mucho que ver con dar rienda suelta a las emociones más tribales. Si desde el Gobierno no se obra con cordura y responsabilidad, es probable que un número considerable de ciudadanos comience a ver Europa como una utopía amortizada.
No hay un mito que no se haya vuelto contra nosotros. El fin del consenso europeo se uniría a las costuras rotas de nuestro consenso transicional. La Transición fue un gran pacto de reconciliación que, como bien apuntó el columnista Montano, la derecha no iba a consentir que se rompiera sólo por el extremo izquierdo. Pero el espíritu de reconciliación no es el único que ha marcado los años posteriores a la Transición. De manera más o menos explícita, las esferas política, mediática y cultural se han regido por una lógica compensatoria en base a la cual la izquierda y el nacionalismo podían permitirse excesos que le estaban vetados a la derecha. Este mecanismo de desagravio comienza también a cuestionarse, y puede que sea este único consenso cuyo fin conviene celebrar. Si no aceptamos que todos jueguen respetando las mismas reglas, tarde o temprano, alguien tumbará el tablero.